CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorgó contratos por más de 500 millones de pesos a Ecocarburante, una empresa que, en ese momento, estaba vinculada con una red de distribución de combustible ilegal (huachicol) relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y familiares de un ex alcalde preso por delitos graves.
La investigación, revelada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), señala que en 2020 la Sedena compró diésel a Ecocarburante, empresa en la que era copropietario Eric Daniel Zamora Delgadillo, un empresario con antecedentes por lavado de dinero y nexos con compañías sancionadas por el gobierno de Estados Unidos.
Antes de unirse a Ecocarburante, Zamora fue presidente de Agrícola Boreal, incluida desde 2016 en la lista negra del Departamento del Tesoro de EE.UU. por actividades financieras ilícitas. También participó en Impulsora de Productos Sustentables, compañía investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunto papel en una red de huachicol, y en la que figura como accionista José Isabel Murguía Santiago, hermano del ex presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, José Ascención Murguía, hoy preso por su participación en los crímenes del Rancho Izaguirre.
Vínculos familiares y criminales
La FGR ha documentado que los decomisos de huachicol más grandes realizados recientemente —en Tamaulipas y Baja California— involucraron a Mefra Fletes, empresa propiedad de los hermanos Murguía Santiago. Según el fiscal Alejandro Gertz Manero, dicha compañía es responsable del transporte del combustible robado y mantiene lazos con el CJNG.
A pesar de los antecedentes, Ecocarburante obtuvo dos contratos directos con la Sedena durante la edificación del AIFA. El primero, firmado en diciembre de 2019, fue por hasta 496 millones de pesos para la entrega de 27 millones de litros de diésel automotriz ultra bajo azufre. El segundo, asignado en 2020, fue por 12.9 millones de pesos más, con el fin de surtir hasta 180 mil litros mensuales.
El apoderado legal de Ecocarburante ante la Sedena fue Miguel Castellanos Cruz, quien ha representado también a Mefra Fletes e incluso es socio en otras empresas ligadas a la red de huachicol. Entre ellas figura Petro Almacenes de Occidente y Dalcrise, con nexos con Impulsora de Productos Sustentables.
Incumplimientos y omisiones
Según documentos obtenidos por MCCI, Ecocarburante incumplió desde el inicio con los plazos de entrega del diésel, provocando desabasto y retrasos en las obras del AIFA. Aun así, la Sedena decidió mantener y ampliar la relación comercial, incluso modificando el contrato original a mediados de 2020, como lo confirmó el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, encargado de la obra.
En noviembre de ese año, la empresa ya había facturado casi el 70% del contrato inicial. El combustible se destinó a maquinaria pesada y vehículos empleados en la reubicación de las instalaciones militares en la base aérea de Santa Lucía.
Ecocarburante contaba con oficinas y una estación de servicio dentro del propio AIFA, donde operaba con al menos tres tanques de almacenamiento con capacidad total superior a los 200 mil litros.
Red de empresas con socios comunes
Las empresas Ecocarburante, Impulsora de Productos Sustentables y Mefra Fletes comparten una compleja red de socios, apoderados y representantes. Entre ellos destacan Daniel Alejandro Soto Manrique, coordinador de logística de Ecocarburante, quien también ha representado a las otras dos firmas, y Edgar Marín Meza Moreno, presidente del consejo de administración de dos de ellas.
Incluso, Impulsora de Productos Sustentables llegó a un acuerdo con Pemex para fungir como intermediaria en la distribución de turbosina a Interjet en 2019, a través de un contrato no público que quedó registrado en una asamblea notariada.
En otra asamblea, del 10 de diciembre de 2020, se documentó una deuda de 175 millones de pesos de Impulsora con Ecocarburante, la cual fue saldada mediante un incremento de capital que consolidó a Edgar Marín y Eric Zamora como principales accionistas de esta última.
Silencio oficial
Aunque la Fiscalía ha señalado públicamente la participación de la red de los Murguía en el tráfico ilegal de combustible, no se ha informado oficialmente sobre la relación de estas empresas con dependencias del gobierno federal, como Sedena o Pemex.
La contratación de Ecocarburante para una de las obras insignia del actual gobierno —y su persistente incumplimiento sin consecuencias— pone en entredicho los mecanismos de supervisión, así como la transparencia en las adquisiciones del sector público.
