No estoy de acuerdo con los que dicen que la ministra Norma Piña, presidenta de la SCJN, cayó en el juego del presidente López Obrador al apoyar su propuesta para que los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial que “secuestró” la mayoría oficialista en el Congreso, sean para ayudar a los damnificados del huracán Otis.
La ministra simplemente bajó el balón y lo dejó en el campo de AMLO. Su propuesta deja sin argumentos a la cantaleta guinda que acusa a jueces, magistrados y ministros de defender “privilegios”.
Un trancazo a la propaganda pejista contra ministros, magistrados y jueces.
Fue más lejos. Habló incluso de trabajar en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas.
La juzgadora no se olvidó de los trabajadores afectados por la desaparición de los fideicomisos.
Y explica que, desde el inicio de este año, su administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería de los fideicomisos y del proyecto presupuestal, con el objeto de garantizar los derechos de los trabajadores del PJ y mejorar el aprovechamiento de los recursos públicos.
El oficio omite hablar del compromiso asumido por el Presidente de garantizar los derechos y prestaciones de 55 mil trabajadores del Poder Judicial.
“Yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada de su sueldo o de sus prestaciones”, dijo en la mañanera del pasado 18 de octubre.
Si los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos se van para ayudar a los cientos de miles de damnificados de Otis, AMLO está obligado a responder por los derechos laborales y prestaciones que se quedan sin fondos.
Corrió la versión de que Piña no consultó el contenido del oficio con los otros ministros.
Consultamos el tema con fuentes de la Corte.
“El texto no (lo consultó). La idea era considerar la propuesta y revisarla. Nada más”, aseguraron.
* No a todos les pareció genial la postura conciliatoria de la ministra Piña. El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, es uno de los inconformes. En un video que subió a redes sociales dice:
“No es admisible un acuerdo entre el Presidente de la República y la respetada presidenta del Poder Judicial, la ministra Norma Piña, para dar un destino distinto a los recursos de los fideicomisos judiciales que el Congreso secuestró.
“No es admisible porque no es constitucional. El artículo 22 prohíbe la confiscación de esos recursos; el 72 establece tiempos y plazos que se violentaron a la hora de desaparecerlos. El 73 establece con claridad que no hay facultad para extinguir esos fondos. El 127 dice que no se pueden tocar las condiciones generales de trabajo de los servidores del Poder Judicial”; remató.
Se supo anoche que el juez federal Juan Fernando Luévano Ovalle prohibió temporalmente al Consejo de la Judicatura transferir los fideicomisos a la SHCP y a la Tesorería de la Federación.
* Morena ya dio color sobre un plan B para obtener recursos de un recorte a los órganos autónomos que le estorban al autócrata de Palacio.
Quiere sacar otros 27 mil millones de pesos para la creación de un fondo de apoyo para la reconstrucción de Acapulco, dice.
