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El INE falló

El INE falló

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Georgina Cano

“La ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento.”  La anterior afirmación constituye un principio de derecho.  Para cumplir con él, debe haber mecanismos de certeza jurídica mediante los cuales se garantice que quienes deban cumplir las normas que rigen su conducta, han tenido la oportunidad de conocerlas.  En el derecho mexicano ese mecanismo que garantiza que las normas, así como las reformas a las mismas puedan ser conocidas y acatadas se establece a través de su publicación.

El INE cometió un gravísimo error al no publicar en el Diario Oficial de la Federación las reformas al Reglamento de Fiscalización para su entrada en vigor: tampoco se dio a la tarea de notificarlas a los partidos políticos para que pudieran conocerlas y acatarlas.

El Consejo General tenía la obligación de hacerlo.  Una norma entra en vigencia hasta que haya sido publicada, por lo tanto, las disposiciones en las que el INE ha fundamentado su dictamen de fiscalización, al no tener vigencia no pueden servir de fundamento para emitirlo y éste carece de legalidad.

Con lo anterior, así como con los múltiples y muy diversos criterios que se sacaron de la manga para modificar una y otra vez su dictamen, los consejeros del INE no han hecho más que abonar a la desconfianza que prevalece en la ciudadanía con respecto a las instituciones.

Aunado a esto, los partidos políticos y candidatos que no han tenido la madurez y responsabilidad para reconocer su derrota, en su ánimo de seguir confundiendo a los ciudadanos utilizan diariamente las redes sociales para difundir mentiras que les den la razón.  Con sus acciones ofenden inclusive a quienes les dieron su confianza y votaron por ellos; los ciudadanos merecen conocer la verdad.

La Constitución señala en su artículo 41, fracción V apartado a) que “el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.”

Por lo visto el INE falló: incumplió cada uno de estos principios, incumplió además la responsabilidad encomendada y al día de hoy no solamente en los coahuilenses, sino en todo el pueblo mexicano, prevalece el sentimiento de decepción y de haber sido engañados en este proceso que ha dejado mucho que desear de la actuación de las autoridades electorales.

El PRI presentó recurso de impugnación contra el dictamen de fiscalización emitido por el INE en el que incluye la comprobación que acredita que no se rebasaron los topes de campaña, confiando en que la autoridad jurisdiccional en la materia actuará atendiendo a la obligación que la ley le confiere.

Tras las irregularidades en las que repetidamente ha incurrido el INE se espera que el tribunal emita la resolución que brinde a los coahuilenses que salieron a cumplir su deber ciudadano y emitieron su voto el 4 de junio, la seguridad de que su voto vale y será respetado.

 

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